La
semana que culmina nos ha dejado dos hechos que obviamente no han pasado
desapercibidos para los ciudadanos. Por una parte, la revocación del título de
Duquesa de Palma de Mallorca por parte del Rey a su hermana la infanta Cristina
de Borbón, y, por otra, la toma de posesión de los alcaldes en los 8.115 ayuntamientos
que hay en España, en los que trabajarán sus 68.230 concejales que elegimos
hace apenas 15 días. Por ello, vamos a
referirnos en dos artículos a ambas cuestiones, buscando como siempre el lado
protocolario.
El
diario El País, en su edición de hoy, asegura sobre la Familia Real: “La
decisión adoptada por el Rey de revocar el título de duquesa de Palma a
Cristina de Borbón y la reacción de esta asegurando que ya había renunciado
antes de que se promulgara el real decreto pone de relieve el abismo que se ha
abierto entre los dos hermanos como consecuencia de la imputación de la Infanta
en el Caso
Nóos. El movimiento realizado por Felipe VI sitúa de nuevo el foco
en el paso siguiente: la renuncia de Cristina a sus derechos dinásticos, una
decisión que solo depende de ella y que la desvincularía de la Casa del Rey”.
Las
circunstancias en la que se producido esta decisión del Rey desdeluego no han
sido las mejores. Aplaudimos la decisión de Felipe VI y, al mismo tiempo,
censuramos la reacción de su hermana que si apreciara la monarquía lo mejor que
hubiera hecho es haberse quedado al margen y no generar esta polémica infantil
(“he sido yo, he sido yo”). Es curioso que el mismo día en que aparece en el
Boletín Oficial del Estado la revocación antes aludida, la sexta sucesora a la
Corona se descuelgue con una carta sin matasellos para enfatizar que la
decisión de la renuncia ha sido cosa personal y no una decisión Real.
Conozco
un poco la Casa Real Española y su entorno, y especialmente he tenido la
oportunidad de seguir de cerca la manera de actuar de nuestro Rey. Es una
persona calculadora, leal y cumplidor de sus compromisos. Lo hizo como Príncipe
y lo hace como Rey. Cuando en su discurso de proclamación habló de “una
monarquía renovada para un tiempo nuevo” podía deducirse que entre las muchas
medidas que debía y debe adoptar para hacer realidad esa frase una de ellas era
devolver el buen nombre a una Familia que hasta entonces estaba en entredicho
por determinadas actuaciones de Juan Carlos I, la conocida desavenencia del
anterior Reycon la Reina Sofía, su falta de entendimiento con su nuera la hoy
reina Letizia y, por supuesto, el
escándalo de Urdangarín que ha arrastrado como “cooperante necesaria” a la
Infanta. Si ésta hubiera tenido el más mínimo sentido de Estado el mismo día
que le comunicaron su imputación ya debería haber salido renunciando al título
ducal –que como bien se sabe es honorífico y nada acarrea, pero se supone que
quien lo tenga debe tener una conducta intachable digna de lucir un título
propiedad de la Corona- y a los derechos sucesorios. Y ahí debiera haber
acabado la historia.
Se
enrocó la Infanta en su presunta inocencia –que no pongo en duda mientras no
haya sentencia judicial-, pero en tanto se mueve entre abogados y jueces debe
por el bien de este país quedarse de lado con todas las consecuencias. Y más
tras el discurso de Navidad del rey Juan Carlos donde señaló que la Justicia ha
de ser igual para todos, en clara referencia al caso Nóos, y el conocido deseo
del actual titular de la Corona de que renunciara a sus privilegios por el bien
general de la Casa Real. Apelar minutos después de salir el BOE a que ella
había enviado por carta la renuncia, nos produce una sonrisa pícara. Tuvo
tiempo la Infanta y no deja de ser curioso que lo hiciera cuando un Rey harto
se vio obligado a ejecutar una decisión contra su propia hermana (deseoso
estaba que fuera ella misma). Si ya estaba desacreditada Cristina de Borbón, el
asunto de la carta la deja en peor situación.
Hasta
donde una sabe, Felipe VI ya tenía tomada la decisión desde el mismo día de la
proclamación, y solo su prudencia –al Rey no le gustan las decisiones
precipitadas, ni que la Familia Real asuma protagonismo cuando hay otras
cuestiones en España de mayor relevancia- le ha llevado a retrasar la firma al
límite que se había señalado. Agotado este tiempo, y pese a los esfuerzos del
Jefe de la Casa Real para que la propia Infanta tomara la iniciativa, Felipe VI
no tuvo otra opción que decidir y lo ha hecho con acierto. Nos da igual que la
carta llegara un minuto antes o después, porque desde su imputación ya tuvo
tiempo para redactarla y comunicarla. La coincidencia solo pone de manifiesto
que la “desdichada” no tenía la menor intención de renunciar y solo al final
redactó las líneas cuando comprobó que su hermano iba en serio. Mal servicio a
la Corona y al país de la Infanta imputada.
La
cuestión sucesoria
Tiene
ahora una buena oportunidad de demostrar que es ella quien lleva la iniciativa
y comunicar su renuncia a la sucesión. Pese a lo que dicen equivocadamente
muchos medios de comunicación, Cristina de Borbón no dejará de ser ni Infanta
ni Familia del Rey (la casa del Rey es otro concepto y se refiere a la
estructura funcionarial que agrupa a quienes trabajan para la Casa Real). Ni
por política ni por sangre dejará de ser nunca la hermana del Rey e hija de
Rey. No ha quedado fuera de la Casa Real por decisión política, sino por la regla
consuetudinaria no escrita de que la Familia Real está compuesta únicamente por
los reyes, los padres del titular de la Corona y sus hijos). Con Juan Carlos I
era miembro de la Familia Real y lo fue hasta el 18 de junio de 2014, a las
24.00 h. Otra cosa es que en los últimos años del hoy Rey honorífico estuviera
apartada de la agenda Real. Por la misma razón la infanta Elena de Borbón tampoco
es miembro de la Casa Real, si bien ella mantiene una discreta agenda oficial
(aunque es evidente que se le ha reducido al mínimo por una sencilla razón:
Felipe VI quiere que la labor que le atribuye la Constitución sea asumida
directamente por él con la ayuda de su esposa y en un futuro no muy lejano por
sus dos inmediatas sucesoras, una a título de Princesa de Asturias). Una
postura que nos parece acertada y adecuada porque el papel de la Corona debe
ser asumida por quien es su titular, con la inestimable ayuda de sus más
próximos –la agenda que puede tener un Rey le hace imposible cumplir su
compromiso de estar en todos los lugares que debe-, razón por la cual ha de
delegar hoy por hoy en su esposa y solo recurrir a otros cuando resulta
verdaderamente necesario. Los reyes honoríficos y las infantas Familia del Rey
deben tener su propia agenda, al margen de los asuntos que son competencia de
la Corona (salvo los que lleguen por delegación o indicación).
Debe
renunciar Cristina de Borbón a la sucesión por coherencia, y porque además se
lo está pidiendo a gritos la sociedad española a la que parece no escuchar. Su
propia dignidad personal debía reclamárselo, pero parece poderle más la rabia
de los acontecimientos que su sentido de la institucionalidad en la que se ha
formado durante años en Palacio. Un sentido que, por ejemplo, su hermana –tras
unos años complejos con la separación y divorcio de Marichalar- no ha perdido
en momento alguno, cuestión que la honra. Personalmente me da un poco igual que
renuncie o no a sus derechos dinásticos y sucesorios, porque como sexta
heredera sus posibilidades de acceso a la Corona son ínfimos, y en cualquier
caso si así fuera las Cortes Generales tienen la última palabra, pues nadie –y
muchos lo olvidan- puede llegar a ser Rey o Reina de España si las Cortes
Generales no hacen la preceptiva proclamación. Y por supuesto que pueden no
proclamar, por la misma razón que pueden decidir “lo que más convenga a los
intereses de España” si las líneas llamadas en Derecho a la sucesión se
agotaran”, según establece el apartado 3 del artículo 57 de la Constitución.
Quitar
la dignidad y el tratamiento
La
pendiente Ley Orgánica a la que se refiere el apartado 5 de aquél artículo,
podría poner fin a esta laguna legal que termina por incomodar. Una Ley que
deje claro, entre muchas cuestiones, que quedarán apartados de la sucesión
personas que mantengan conductas indecorosas, inmorales o contrarias al Estado
de Derecho y a los intereses generales de España, y que tal decisión recaiga en
nuestros representantes en el Congreso y en el Senado. Se hace muy difícil llamar Infanta y tratarla
de Alteza Real cuando en los próximos meses puede ser condenada por un delito
que incluso le podría acarrear prisión.
Resulta también difícil incoherente y en
cualquier caso extraño que en un evento oficial haya que reservarle a esta
Cristina de Borbón el alto puesto que establece el Real Decreto 2099/83 sobre
precedencias en el Estado que sitúa a los infantes –absurdamente por cierto-
por encima de los máximos representantes de los poderes del Estado. Tiene que
haber, por otra parte, mecanismos –como
a los cargos públicos cuando se les inhabilitan- que despojen de privilegios
cuando se acrediten las circunstancias que conlleven a ello. Y no es necesario
solo con ir a la cárcel, pues pueden darse otros comportamientos legalmente no
punibles pero sí éticamente reprochables. Y tal cuestión no debiera recaer en
el titular de la Corona, sino en quienes representan a la soberanía nacional
(las Cortes).
Modificar
los honores
Sería
necesario, pues, modificar el Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre
Régimen de Títulos, Tratamientos y Honores de la Familia Real y de los
Regentes, en su artículo 3 que a propósito establece lo siguiente: “Los hijos
del Rey que no tengan la condición de Príncipe o Princesa de Asturias y los
hijos de este Príncipe o princesa serán infantes de España y recibirán el
tratamiento de Alteza Real. Sus consortes, mientras lo sean o permanezcan
viudos, tendrán el tratamiento y honores que el Rey, por vía de gracia, les
conceda en uso de la facultad que le atribuye el apartado f) del artículo 62 de
la Constitución”. Debía añadirse una afirmación que pueda permitir desposeer de
estos privilegios en el caso de conductas reprochables, mal uso o ir contra los
intereses generales del Estado. No hemos de olvidar que estas Reales Personas
ni tan siquiera juran cumplir la Constitución, pero pueden pasear por el mundo
su Infantado y su condición de Alteza Real. Esto también debe ser un reto para
una “Monarquía renovada para un tiempo nuevo”.
Yendo más lejos en esta cuestión, estoy convencido
que de la mano de este Rey y de los representantes políticos de turno, veremos
en algún momento someter al Jefe del Estado coronado a la confianza de las
Cámaras. ¿Por qué no? Creo que legitimaría mucho más a nuestro Jefe del Estado
(que ha alcanzado ese grado por el mero hecho de ser hijo o hija de un Rey) que
periódicamente (hablando en lenguaje coloquial) preguntara a los diputados y
senadores si quieren que siga siendo la máxima autoridad del país. El día que
llegue ese momento sí estaremos de verdad ante una monarquía totalmente
reformada ante un tiempo que ya empieza a no ser tan nuevo. La monarquía
periódicamente refrendada, con un Rey o Reina que rinda cuentas públicamente y se
gane la confianza, parece ser el mejor
futuro de un sistema político que obviamente en una democracia como la del
siglo XXI chirría un poco. La monarquía parlamentaria debe ser también eso. Y
desdeluego con un buen rey o reina no habría por qué tener miedo a posibles
inestabilidades institucionales. En las repúblicas nadie tiene miedo que
mediante las elecciones el Jefe del Estado pueda ser cambiado o confirmado. Los
reyes deben empezar a pasar por ello.